UNA AGRESIÓN ANTIDEMOCRÁTICA

alfonsoEn buena hora los letrados del Parlamento de Canarias se opusieron a la inclusión de una enmienda en el debate del proyecto de ley de presupuestos generales de 2020 que pretendía modificar la ley del Cabildos de 2015. Un ejercicio de contrabando legislativo que los técnicos de la Cámara pararon en seco para irritación del Gobierno y, muy en particular, del PSOE y del casimirismo gomero. La ley de Cabildos de 2015 establece que los altos cargos de carácter administrativo -tales como los directores insulares- deben seleccionarse a través de un concurso de méritos entre los funcionarios de la corporación, y ese precepto es el que quería destruir el Gobierno de Ángel Víctor Torres aliado en esta ocasión con la Fecai, con doña Dolores Corujo corujeando en la oscuridad.

 

Durante los últimos cuatro años las corporaciones locales han hecho caso omiso de la Ley de Cabildos y han nombrado directivos sin concurso ni publicidad en el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o en el Cabildo de Gran Canaria, entre otros ejemplos poco ejemplares. A Antonio Morales los tribunales le han anulado ya cuatro nombramientos, y tal vez para consolarse, el faro de la izquierda agüimense ha aumentado el número de cargos de confianza. Aunque parezca una gamberrada menor, el fallido intento gubernamental de modificar la ley de Cabildos supone una de las mayores agresiones antidemocráticas de los últimos años, una embestida cargada de cinismo y espíritu chanchullero. La obsesión por la reforma del régimen electoral canario como principal vía para la democratización del espacio público en el Archipiélago ha contribuido a olvidar situaciones que influyen mucho más en la legitimación política y la salud democrática del sistema institucional, como es la partidización despendolada que se ha hecho y se continúa haciendo de instituciones como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común, órganos estatutarios de control y supervisión dependientes del Parlamento de Canarias. Se ha naturalizado una picaresca con aires de respetabilidad. Solo un ejemplo. La Vicepresidencia del Gobierno autónomo es, simplemente, una condición de suplencia -el vicepresidente sustituye temporalmente al presidente en caso de muerte, enfermedad o incapacidad- pero la tradición política-administrativa la ha convertido en una suerte de departamento más del Ejecutivo, es decir, una fantasía ocupacional, otro abrevadero que en la actualidad ha permitido nombrar tres directores generales perfectamente superfluos y un buen puñado de cargos eventuales.

En Suecia, Noruega o Dinamarca los alcaldes de municipios demográficamente similares a los de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife solo pueden designar a dos o tres cargos de confianza. Toda la literatura politológica asocia la partidización de las instituciones -la transformación de la administración en un botín electoral- con el crecimiento y enquistamiento de la corrupción política. Más que una nueva y coqueta ley electoral, la reforma estructural de las administraciones públicas, la amputación de los tentáculos partidistas y la profesionalización de las funciones directivas -sin restricciones- son los objetivos necesarios para una democracia madura, eficiente y participativa en Canarias.

ALFONSO GONZÁLEZ JEREZ

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