LOS DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN EMPIEZAN EN TALIARTE
Hay una cosa muy nuestra. Cuando algo falla siempre buscamos a un culpable lejano. Que si Madrid, que si Europa, que si la empresa… Pero hay veces en que no hace falta mirar tan lejos. Basta con levantar la vista y pensar quién tenía la obligación de vigilar que las cosas se hicieran bien.
Y en el caso de la Residencia de Taliarte la respuesta tiene poco misterio.
El Cabildo de Gran Canaria.
Otra vez los trabajadores en la calle. Otra vez denunciando falta de personal. Otra vez contando que no llegan, que los turnos se alargan y que cuidar a nuestros mayores termina dependiendo más del esfuerzo personal que de una organización seria. Y, sinceramente, ya cansa.
Porque esto dejó de ser hace tiempo una discusión entre una empresa y sus trabajadores. Cuando las protestas se repiten, cuando las familias empiezan a levantar la voz y cuando los propios empleados aseguran que hay compañeros que duran apenas unos días porque las condiciones son insoportables, ya no estamos ante un conflicto laboral cualquiera. Estamos ante un problema de gestión pública.
Porque conviene recordar algo que parece olvidarse con demasiada facilidad. Clece gestiona la residencia. Correcto. Pero quien adjudica el servicio no es Clece. Es el Cabildo. Quien redacta el pliego de condiciones es el Cabildo. Quien fija las ratios de personal es el Cabildo. Y quien tiene la obligación de comprobar que todo eso se cumple, también es el Cabildo. Así de sencillo. O al menos así debería ser en cualquier administración que se tome en serio el dinero público y, sobre todo, a las personas que dependen de él.
Entonces llegan las preguntas incómodas.
¿Se están realizando las inspecciones previstas?
¿Se está comprobando que las ratios de personal se cumplen?
¿Se están revisando las condiciones del contrato?
¿O todo consiste en firmar una concesión y esperar a que el problema no aparezca en los medios?
Porque los contratos públicos no son un cheque en blanco. No se adjudican y después se guardan en un cajón hasta que expire la concesión. O no deberían.
Y aquí es donde entra Antonio Morales.
El presidente del Cabildo habla con frecuencia de justicia social, de derechos humanos y de dignidad. Y hace bien. Son valores que nadie discute.
Pero hay un pequeño detalle. Los derechos humanos no viven solo en los discursos. También viven en una habitación de una residencia donde un anciano espera que alguien tenga tiempo para ayudarle a levantarse.
También viven en una auxiliar que enlaza un turno con otro porque no hay suficiente personal. También viven en una persona dependiente que no entiende de competencias administrativas, ni de contratos, ni de concesiones. Solo sabe que necesita que alguien la cuide.
Eso también son derechos humanos. Y probablemente sean los más importantes.
Nosotros tenemos una expresión muy nuestra: «del dicho al hecho hay un buen trecho». Pues eso.
Porque resulta difícil escuchar grandes discursos sobre dignidad mientras los propios trabajadores salen una y otra vez a la calle para pedir algo tan simple como que se cumpla un contrato. No están reclamando privilegios. No están pidiendo imposibles. Están pidiendo que la administración haga aquello por lo que cobra y para lo que fue elegida: controlar, supervisar y exigir que quien presta un servicio público lo haga en las condiciones pactadas. Ni más ni menos.
A veces da la impresión de que algunos responsables políticos creen que gobernar consiste en inaugurar obras, hacerse fotos y publicar notas de prensa.
No. Gobernar también es comprobar que una residencia pública funciona como debe cuando nadie mira.
Gobernar también es aparecer cuando hay problemas, no solo cuando hay titulares favorables.
Gobernar también es asumir responsabilidades aunque la gestión esté externalizada. Porque externalizar un servicio nunca significa externalizar la responsabilidad. Y esa diferencia convendría no olvidarla.
Presidente Antonio Morales, nadie le está pidiendo un milagro. Solo que haga lo que corresponde a quien dirige esta institución.
Si las denuncias de los trabajadores son falsas, demuéstrelo.
Si las ratios se cumplen, publíquelo.
Si las inspecciones existen, enséñelas.
Y si descubre que algo no funciona, actúe.
Porque el Cabildo no está para proteger contratos. Está para proteger personas.
Al final, una sociedad no se mide por los discursos que pronuncian sus gobernantes ni por las medallas que cuelgan en las paredes de un despacho. Se mide por cómo trata a quienes ya no pueden defenderse solos.
Y ahí, presidente, los mayores de Taliarte merecen algo más que buenas palabras. Merecen hechos. Porque el papel, efectivamente, lo aguanta todo.
ELLOS YA NO.
Ver menos
MIGUEL MONZÓN
