GUILLOTINANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

suarez alamoLo que son las casualidades, ayer llenaba este espacio con una reflexión en torno a los excesos que cometemos los medios de comunicación y hoy lo hago con una llamada de atención sobre los límites que se están traspasando desde los poderes públicos en la fiscalización de lo que hace la prensa. A fin de cuentas, es lo que tiene la actualidad: lo que ayer deja de ser noticia casi al instante de aparecer publicado. Resulta que en Baleares agentes policiales se personaron en las redacciones de un periódico-Diario de Mallorca- y la agencia de noticias Europa Press en el marco de una investigación en torno a filtraciones de procesos judiciales sobre presunta corrupción. Pero no se trataba de dar con un periodista implicado en esa supuesta trama, sino de averiguar cómo pudo ser que los informadores tuvieran acceso a información sobre la que pesaba el secreto de sumario. Como verán, los pájaros disparando contra las escopetas. Más aún: insistieron ante los periodistas para que desvelasen sus fuentes, esto es, que violentasen el secreto profesional y, no contentos con el silencio recibido, requisaron teléfonos móviles y ordenadores, con el añadido de que a uno de los periodistas no le dejaron asesorarse jurídicamente.

 

Todo lo anterior ocurrió el martes 11. Conviene subrayarlo porque no estamos hablando de la España franquista, la Rusia de Putin o Arabia Saudí. Es verdad que aquí no le ponen una bolsa en la cabeza al informador y lo cortan en cachitos pero que se vulneren derechos fundamentales y se guillotinen los principios que sustentan la actividad periodística no es cosa menor. Se empieza por ahí y se acaba en lo mencionado al principio de este párrafo. Y no es exagerar: por desgracia sobran las pruebas históricas.

Ahora que acabamos de celebrar los 40 años de la Constitución, uno se pregunta cómo es posible que todavía haya en sede judicial y policial quienes no tengan claros el catálogo de derechos y los límites a las actuaciones del poder. Incluido el poder judicial, que también tiene sus limitaciones.

Pero todo esto sucede en un país donde sobran también las evidencias de que a esos poderes les da exactamente igual lo que pase con los medios de comunicación. Si peligra una fábrica de coches, allá que se mueven ministros y presidentes de gobierno para convencer a la multinacional de turno y regalarle incentivos fiscales. Si lo que está en riesgo es una empresa de comunicación o la propia libertad de prensa, pues parece que duele menos. Debe ser que la calidad de una democracia se mide por el volumen de coches en las carreteras.

(Francisco Suárez álamo-Canarias7)

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