CANARIAS Y MADRID

ALFONSO2Es realmente extraordinario que el Gobierno español actúe una y otra vez con la misma estúpida ignorancia en asuntos de interés estratégico para el desarrollo de Canarias. Cualquier gobierno español, se entiende, aunque hayan existido épocas y gobernantes más encrespadas que otras. Históricamente se ha mantenido una suerte de pacto entre las élites del poder en Canarias y el Gobierno central: determinadas libertades comerciales y beneficios fiscales a cambio de lealtad política a la Corona española. Un pacto que atravesó distintas circunstancias y que las élites isleñas debieron revalidar en varias ocasiones, y así se obtuvo, por ejemplo, la libertad de comerciar directamente con América fuera del control de la Casa de Contratación de Sevilla en el siglo XVI, o se consiguieron los puertos francos a mediados del siglo XIX o se aprobó el primer REF en 1972. La articulación jurídica de la nueva democracia parlamentaria, con la Constitución (1978) y el Estatuto de Autonomía (1982), supone, hasta cierto punto, una actualización de ese compromiso

 

Pero pese a los avances en la modernización del país que ha supuesto el autogobierno, en el día a día de los últimos cuarenta años ha sido imposible sistematizar esa relación de manera satisfactoria para Canarias y convertirla en uno de los ejes de un Estado moderno y descentralizado, eficiente y eficaz que sea metabolizado como un proyecto común. Si en Canarias no ha prosperado un movimiento independentista expansivo es porque las élites empresariales -y una burguesía casi exclusivamente funcionarial- no han querido: les ha bastado con la ventaja marginal -y a menudo fundamental para su propia existencia y reproducción social- de subvenciones, ayudas, baja tributación y excepciones fiscales.

Las exigencias del Estatuto -ampliamente renovado en 2018- y la profunda actualización REF no se han cumplido jamás plena y cabalmente. Solo en un año se ha cubierto el precepto legal de que en Canarias se invirtiera por el Estado la media de inversión en España, y fue como consecuencia de los brutales recortes de la recesión en todas las comunidades. Pero incluso en este contexto lo más sorprendente es que el Gobierno español -en diálogo con el Gobierno canario- no haya definido una política específica de transportes aéreo y marítimo con las islas que ya debería funciona hace lustros. Que la bonificación del 75% del transporte aéreo para los residentes canarios -definida en su momento como un logro histórico excepcional- no evite precios delirantes en los billetes mientras las compañías aeronáuticas se llenan obscenamente los bolsillos. O que la ministra de Transición Ecológica anuncie y amplifique la voluntad de las autoridades de la UE de gravar impositivamente el queroseno que utilizan los aviones sin una sola referencia a Canarias, cuyo turismo llega en más del 90% de los casos por los aeropuertos.

Este carrusel de soluciones que no lo son, de amenazas excluyentes y de hirientes insensibilidades, bajo gobiernos conservadores y gobiernos socialdemócratas, evidencia una resistencia notable a integrar las fuerzas y fragilidades de Canarias -un territorio a más de 1.500 kilómetros de las costas peninsulares- en las políticas de Estado de carácter estratégico: energía, transporte, industria, investigación y desarrollo. Hace muy bien en sus reclamaciones el presidente Ángel Víctor Torres. Lo malo es que esto no es cosa de gobiernos, sino de una sociedad civil en marcha, y no sé si está, ni siquiera sé si se la espera.

ALFONSO GONZÁLEZ JEREZ

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