ASBA INTENTA BLOQUEAR UNA MEJOR GESTIÓN DE LA PISCINA
El grupo de Francisco Atta cuestiona la continuidad del servicio mientras se retrasa el cambio de gestión con alegaciones
La piscina municipal de Valsequillo vuelve al centro del debate político. Esta vez, no por la mejora del servicio ni por una propuesta concreta para garantizar su futuro, sino por las alegaciones presentadas al expediente que pretende cambiar su modo de gestión.
El asunto figura en la convocatoria de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, prevista para el 23 de junio, con un punto claro: desestimación de la alegación y aprobación definitiva del cambio en el modo de gestión de la piscina.
Es decir, el Ayuntamiento debe resolver una alegación antes de poder culminar la aprobación definitiva del nuevo modelo. Un trámite legítimo desde el punto de vista administrativo, pero con una lectura política evidente: retrasa el expediente y vuelve a colocar obstáculos en un servicio que necesita estabilidad.
De la crítica al bloqueo
La crítica política apunta directamente a ASBA y a su portavoz, Francisco Atta. El grupo que durante años gobernó el municipio y que tuvo responsabilidades directas en la gestión municipal aparece ahora cuestionando la situación de la piscina y, al mismo tiempo, dificultando el avance del expediente que pretende ordenar su funcionamiento.
En el pleno del 28 de mayo, Francisco Atta intervino sobre la piscina municipal, preguntó por la financiación anunciada, por la continuidad del servicio y por el programa Piscina Segura. También se plantearon dudas sobre el futuro inmediato de la instalación y sobre la planificación del actual grupo de gobierno.
Sin embargo, la contradicción política es clara: no se puede exigir continuidad del servicio y, al mismo tiempo, poner obstáculos al procedimiento que busca precisamente dar estabilidad a esa gestión.
Un modelo que necesita estabilidad
El cambio de modelo no aparece como una ocurrencia aislada. Durante el debate plenario se habló de fórmulas anteriores basadas en contratos de corta duración, incluso de siete meses, y de las dificultades que ese sistema podía generar para garantizar un servicio continuado. Por tanto, el expediente actual pretende superar una etapa marcada por la provisionalidad.
Ahí está el fondo del asunto. Si la piscina ha funcionado durante demasiado tiempo con soluciones temporales, lo responsable sería facilitar una salida estable. Pero ASBA, con Francisco Atta al frente, opta por situarse en el bloqueo político, presentando obstáculos que obligan al Ayuntamiento a consumir más tiempo en la tramitación.
Alegar es un derecho; bloquear tiene consecuencias
Formalmente, presentar alegaciones es un derecho. Nadie lo discute. Pero políticamente también hay que valorar su efecto real. Cuando una alegación no aporta una alternativa clara, viable y mejor para el servicio, su consecuencia práctica es retrasar. Y retrasar un expediente de estas características significa prolongar la incertidumbre de los usuarios, de las familias y de los profesionales vinculados a la piscina.
La piscina municipal no puede convertirse en un instrumento de desgaste electoral. No puede utilizarse como campo de batalla para intentar desgastar al gobierno de turno mientras el municipio espera soluciones. Cada retraso administrativo tiene consecuencias. Cada piedra en el camino alarga la incertidumbre. Cada maniobra política afecta a un servicio público que debería estar por encima de los intereses partidistas.
La piscina no puede ser un arma electoral
ASBA y Francisco Atta tienen derecho a fiscalizar, preguntar y discrepar. Pero fiscalizar no debe convertirse en torpedear. Y discrepar no puede consistir en dificultar el avance de un expediente que busca ordenar un servicio que durante años no quedó resuelto con la estabilidad que merecía.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla: ¿se está pensando en la piscina y en sus usuarios, o se está pensando en el desgaste político de cara al futuro?
Valsequillo necesita una piscina con gestión estable, no una piscina atrapada en cálculos electorales. Necesita certezas, no bloqueos. Necesita soluciones, no más piedras en el camino.
Cuando se retrasa un expediente que pretende ordenar un servicio público, no solo se dificulta la labor del gobierno municipal. Se perjudica al conjunto del municipio. Y en este caso, la responsabilidad política de ASBA y de Francisco Atta resulta difícil de esconder.
(VALSEQUILLO ACTUALIDAD)
