PIRUETAS DIALÉCTICAS PARA JUSTIFICAR LA COMPRAVENTA DE AMURGA

 El Cabildo no solo pagó más por las parcelas sino que tampoco verificó si adquiría los metros cuadrados registrados

         amurgueros  El Gobierno del Cabildo de Gran Canaria lucha con tenacidad contra los hechos. En un afán pertinaz por sostener una realidad alternativa sobre la adquisición de las fincas de Amurga persevera en recurrir a maquillajes lingüísticos y trucos semánticos para negar lo que es una evidencia: que la adquisición de 466 hectáreas en la zona contiene al menos graves irregularidades en un expediente administrativo expuesto por el equipo de Gobierno como inmaculado pero al que se le ven los lamparones. Las manchas son evidentes, pero para el presidente Antonio Morales y su equipo de Gobierno es solo una cuestión de perspectiva.

      La información desvelada el jueves por este periódico ya no solo afecta a cuestiones éticas o morales sobre la exquisitez o no de un procedimiento administrativo extraordinario ?como lo fue el consejo de gobierno convocado con urgencia el 28 de diciembre sin informar a la oposición, ni en las comisiones ni en los plenos, para aprobar la compraventa de las parcelas de Amurga por 4,06 millones de euros- sino que entra ya en un territorio más accidentado, como es el de si se cumplieron o no todas las disposiciones legales para poder cerrar la operación.

amurga

         El artículo 11 del Reglamento de Bienes de Corporaciones Locales exige un informe pericial que verifique que los bienes adquiridos -en este caso, por el Cabildo de Gran Canaria con las fincas de Amurga- se corresponden exactamente con los anotados en el registro de la propiedad. Es un proceso obligatorio, imprescindible, para poder esclarecer con precisión las lindes, extensión, dimensiones y otros aspectos, como las zonas de dominio público, que contienen las escrituras de las propiedades. Y el Cabildo de Gran Canaria decidió adquirir los terrenos de Amurga , 466,5 hectáreas, sin encargar este estudio pericial obligatorio.

           No es un asunto menor, ni secundario. Es grave porque una administración pública, el Cabildo de Gran Canaria, se salta una obligación legal imprescindible para formalizar la compra de unas fincas en un procedimiento administrativo en el que tras un sorprendente fallo en cadena de los departamentos administrativos por los que transitó el expediente ningún funcionario advirtió de esta relevante deficiencia.

             Aún más, el Cabildo actúo con una fe ciega en cerrar cuanto antes la operación con el cuñado de Román Rodríguez, en representación de todos los propietarios de las fincas de Amurga, sin preservar el rigor e interés público al dar por cierto, sin comprobarlo, que los terrenos que compraba eran los que constan en el registro. Nadie compra un bien sin antes verificar que la adquisición corresponde con lo ofrecido por el vendedor. En este caso el Cabildo no solo pagó más por las fincas de lo que en un principio ofrecían por ellas sus propietarios sino que además no comprobó si la extensión de los terrenos adquiridos concuerda con la registrada.

             El Cabildo de Gran Canaria emitió ayer un comunicado oficial en el que sostiene que el expediente de compra de las fincas de Amurga no se paraliza. Negaba así la información publicada por este periódico. El expediente una vez concluido y aprobado por el Consejo de Gobierno, que aprobó la compraventa, pendiente solo de la firma de todos los propietarios, se tiene que paralizar y retrotraer a la fase de verificación y valoración de las tierras. Es decir, tal y como está el expediente es irregular.

            El propio Cabildo lo admite al exponer en su nota pública que no constan las zonas de dominio público de los terrenos adquiridos. Lo que es cuanto menos una irregularidad -no disponer de un informe pericial obligatorio sobre los bienes adquiridos como exige la ley- el Cabildo lo justifica con «la incorporación de documentos hasta ahora nunca incluidos en las adquisiciones de fincas rústicas que en todo caso reforzará sus expedientes».

           Es más, el Cabildo informa de que de «existir algún elemento susceptible de ser deslindado como dominio público» en las fincas de Amurga esto no afectaría a la marcha de las compras. Sí que afecta porque el precio acordado para su adquisición, 4,06 millones de euros, varía. No sólo por el peritaje sobre las 466,5 hectáreas -comprobar que el terreno registrado corresponde con el adquirido- sino porque en las mismas puede haber zonas de dominio público en cuyo caso el Cabildo habría pagado por unos terrenos que ya son públicos.

F.R. (La Provincia)

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