VUELVEN LOS EMPEDERNIDOS MONÁRQUICOS

JOAQUÍN RÁBAGO
Joaquín Rábago

Como si aquí no hubiera pasado nada que no tenga fácil remedio, como si se tratara solo de pecadillos de un monarca de bragueta ligera y hondos bolsillos, vuelven los monárquicos más empedernidos a lo de siempre: una defensa acrítica y sin fisuras de la institución, la única capaz de garantizar, según dicen, la unidad de la nación.

Pero no es eso; no es eso, habría que decirles. Los «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», como calificó el todavía rey emérito los graves delitos de presunta corrupción y evasión fiscal que ahora, solo ahora, se investigan, han causado un daño difícilmente reparable no sólo a la institución que representa actualmente su hijo, Felipe VI, sino también al conjunto de la nación.

Es innegable. No hay más que repasar los titulares de la prensa internacional al día siguiente de que se diera la noticia de que don Juan Carlos había tomado la decisión de dejar el país en lo que unos califican aquí de «huida» y otros, los monárquicos por convicción u oportunismo, de «acto de responsabilidad» y sacrificio personal para salvar a su hijo.

Los presuntos casos de corrupción de la monarquía

Abundan en esos titulares de portada extranjeros palabras como «salida humillante», «corrupción», «supuestos negocios financieros», «paraísos fiscales», «movimiento de fondos desde y hacia cuentas suizas». Algo que no favorece precisamente a eso que llaman la marca España.

Ni han tardado tampoco los defensores acérrimos de una institución que tantos disgustos nos ha dado a lo largo de la historia en acusar a quienes osan ponerla en cuestión tras lo sucedido de estar aprovechando la oportunidad para erosionarla cuando lo que toca en este momento, dicen, es defenderla.

«Viva el Rey», gritan algunos patriotas de pacotilla, entre ellos una ex presidenta de la Comunidad de Madrid, tratando de acallar con ese grito a quienes reclaman una investigación y que se acabe con la inviolabilidad del monarca en todo aquello que no esté relacionado con las funciones inherentes al cargo, como debe ser en una monarquía parlamentaria y no feudal como la saudí, de la que don Juan Carlos parecía tan amigo.

«Viva el Rey», gritan algunos patriotas de pacotilla

De «linchamiento que no tiene paralelo en ningún país» califica las críticas al poco ético y estético comportamiento del ex monarca un ex ministro de Exteriores del PP que le acompañó en muchos de sus viajes fuera y que argumenta, a propósito de la despedida a la francesa de don Juan Carlos que este es ahora un «ciudadano privado», que no tiene que dar cuenta a nadie de sus movimientos, sobre todo porque dio su palabra de que comparecerá en su día ante la Justicia si se le requiere.

Argumentan algunos que no se puede echar por tierra una institución por el simple hecho de que quien la representa en un determinado momento histórico no haya cumplido su deber. Dicen que lo mismo ocurriría en una república, pero olvidan deliberadamente que la primera es de naturaleza hereditaria. Y es una diferencia importante porque en ésta no se puede elegir democráticamente al sucesor, sino que hay que aceptar al heredero.

No estamos ante un problema familiar de naturaleza privada, como trata de hacernos creer el propio rey emérito, sino ante «un problema constitucional y político», que sólo cabe resolver a las Cortes Generales, que son quienes representan a la nación, según sostiene, por ejemplo, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

El problema se planteó ya cuando Felipe VI decidió renunciar a la millonaria herencia de origen ilegal recibida de su padre, lo cual ocurrió -preciso es recordarlo- solo después de que la prensa internacional informara de que el heredero de la corona era el segundo beneficiario de una fundación privada a la que habían ido a parar, entre otros, los millones supuestamente recibidos por don Juan Carlos por su intermediación entre Arabia Saudí y empresarios españoles que el entonces Rey nunca declaró a Hacienda.

Por cierto, entre las cosas que toca investigar a la Justicia es de dónde salieron los cien millones de dólares supuestamente relacionados con el contrato del AVE a la Meca porque, al menos en casos normales y no rocambolescos, es el adjudicatario quien paga las comisiones.

En su fervor juancarlista, el diario monárquico por excelencia llega a calificar al ex monarca supuestamente corrupto como uno de los cuatro grandes reyes de la historia de España, junto al emperador Carlos V, su hijo, Felipe II y Carlos III. ¡Ahí es nada! Y aprovecha la ocasión para acusar, como hacen también otros, a Podemos de socavar la institución monárquica desde el Gobierno del que ese partido forma parte.

No parece en cualquier caso que el PSOE haya actuado como corresponde en un gobierno de coalición al ocultar a su socio minoritario las negociaciones con la casa del Rey en torno a la salida de España del rey emérito. El resquemor en el partido de Pablo Iglesias por ese nuevo trágala es más que evidente.

En lugar de llamar a que se haga la mayor transparencia sobre todo lo que atañe a la Casa Real, en beneficio precisamente del futuro de la monarquía, las derechas y sus principales órganos de propaganda mediática, en su mayoría madrileños, tratan ahora de sembrar cizaña entre los dos partidos de la coalición en un nada disimulado intento de provocar esa ruptura que siempre han deseado.

No es en cualquier caso de recibo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sepa o, si lo sabe, se niegue a revelar a la prensa el paradero del ex jefe del Estado, que debe rendir cuentas a la nación. O que no revele cómo va a garantizarse su seguridad en el exilio y quién va a sufragar todos esos gastos. Los ciudadanos, que financian a la monarquía, tienen derecho a saberlo. ¿No estábamos hablando de transparencia?

Joaquín Rábago

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