LA JUSTICIA CORRE PELIGRO

alaya3Declaraciones de la juez Mercedes Alaya

«¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos, y porque de ahí depende el nombramiento de cargos», «un montón de cargos importantes».

      Audiencia Provincial de Sevilla. Viernes 27 de enero. Hace sólo una semana la juez Mercedes Alaya habló sin tapujos de lo que más le preocupa: la independencia judicial. La siente amenazada, y de qué manera: «Nos encontramos solos ante el peligro». Dice, con sorprendente vehemencia: «Yo soy una persona muy pasional en todo lo que hago». En un pasillo del edificio que alberga la Sección Séptima, saliendo del despacho que comparte con otros tres magistrados, un espacio reducido y anticuado en el que Crónica la encuentra entre montañas de papel, accede, por vez primera en todos estos años, a explicarse. Durante 40 minutos se sienta con este reportero en un banco de madera y conversa. Nunca hasta ahora la magistrada más popular del país, adalid contra la corrupción para muchos, había dado pie a mantener una charla así. Hasta hoy. Tiene una advertencia. Una alarma: la Justicia corre peligro.

alaya4       Siempre ha hablado poco, pero menos en público. Lo que tiene que decir prefiere decirlo en sus sentencias y sólo ha hecho contadas excepciones con motivo de conferencias como la que protagonizó hace unos días en Granada, invitada por el Foro de la Concordia Civil. Eso desde que dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y las investigaciones contra las grandes tramas de corrupción que la hicieron famosa. Porque antes, cuando era juez instructora y su día a día era levantar las alfombras del poder andaluz, su silencio era impenetrable.

      Se estrenó como conferenciante de lujo en Madrid y además de la de Granada sólo ha dado otra charla, en la Universidad de Sevilla el pasado mes de marzo. Siempre rodeada de los suyos, de futuros jueces y abogados, y lo más alejada posible de la prensa, de la que recela y de la que durante años ha tratado literalmente de huir mientras el interés mediático crecía en torno a su hierática figura. En el pasillo de la Audiencia, la juez Mercedes Alaya Rodríguez se manifiesta con rotundidad, como sus resoluciones; una rotundidad que contrasta con su tono de voz, suave, que apenas eleva cuando, junto al banco, pasa algún compañero camino de otro despacho. No hay muchos más sitios en los que hablar en una sede judicial construida en tiempos de Franco y en la que muchas cosas siguen exactamente igual que entonces. Tampoco ha cambiado mucho -dice ella- el ansia de los políticos por controlar el poder judicial. Más allá, denuncia cómo ese control es cada vez más asfixiante en forma de reformas legislativas que, critica, se anuncian con el hipócrita fin de luchar contra esa corrupción. Pero a más corrupción, señala, más interferencia política y, por lo tanto, menos independencia.

«Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».

     «Estas reformas recortan la independencia judicial que hemos conocido, que yo he conocido», afirma Ayala para señalar, acto seguido, la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el paradigma del despropósito, el mejor ejemplo, a su juicio, y como ha repetido en sus escasas apariciones públicas, de cómo la independencia judicial se está yendo por el desagüe del control político. La independencia judicial es una especie en peligro de extinción, cada vez queda menos y cada vez son más, añade, los que la echan de menos. Es el mensaje que ha reiterado en sus tres únicas charlas. A continuación recogemos los extractos más relevantes de su intervención más reciente, la de Granada, y la conversación de 40 minutos mantenida en el banco de madera del pasillo por el que se accede a su despacho en la Audiencia Provincial de Sevilla.alaya5

Voy a hablar sin tapujos de todo lo que acontece en el mundo judicial… Nadie duda que vivimos en una sociedad formalmente democrática, pero unos pocos, yo creo que cada vez muchos más, dudamos de que efectivamente exista independencia judicial. Y si no existe independencia judicial nuestro Estado de Derecho está seriamente debilitado…

     La magistrada que se atrevió a señalar a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE, la misma que puso del revés todo un régimen político que durante más de tres décadas ha hecho y deshecho en Andalucía, la que hizo lo que otros no se atrevieron a hacer, no entra en los procedimientos que ha dirigido con mano de hierro. Mide sus palabras consciente de que cualquier desliz se puede volver en su contra, de que se ha granjeado no pocas enemistades.

     Y no es que tenga miedo. Es prudencia. Pero no tiene reparos en denunciar que ella misma ha sufrido las consecuencias de los «apabullantes» recortes en la independencia judicial y acusa sin medias tintas a la Fiscalía de ser el brazo ejecutor del control político, la misma Fiscalía a la que las más recientes reformas legislativas pretenden dotar de más poder en la instrucción de los procedimientos, y la misma Fiscalía a cuyo máximo responsable nombra el poder político.

     En casos de corrupción, con los que lleva lidiando desde hace años, mucho antes de los ERE, el fiscal tiene tanto control como que señala los límites de lo que se investiga. Sobre todo, aclara, porque no hay acusaciones particulares y el juez no puede ir «más allá».

El Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para tratar de debilitar lo más profundamente que pueda el poder judicial… En los casos de corrupción la reforma supone divide y vencerás. Otorga al ministerio fiscal el control de los periodos de investigación judicial, es decir, la instrucción tiene que durar seis meses y entonces queda exclusivamente en manos del Ejecutivo… Aborda una legislación muy necesaria de intervenciones postales, telefónicas, etcétera, instrumentos necesarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los jueces para poder investigar los delitos. Pero en este tema yo creo que se adoptan dos decisiones inadecuadas. La primera es que las intervenciones telefónicas podrá adoptarlas el Ministerio del Interior sin jueces, con el compromiso de avisar en 24 horas al juez, aludiendo a casos de terrorismo. Esta medida no era necesaria. Es un arma tan de doble filo que yo creo que los riesgos son más grandes que los beneficios.

    Había una esperanza. O mejor dicho, la juez Alaya, la ciudadana Mercedes Alaya Rodríguez, vio lo que ella misma califica como «un momento de esperanza» en los pactos políticos obligados tras los resultados de los últimos procesos electorales. «Pero ha habido un enrocamiento, una pinza absoluta entre el PP y el PSOE» que, añade, se ha traducido en que «el PSOE apoya al PP en el Gobierno y el Gobierno [o sea, el PP] apoya al PSOE en Andalucía». ¿Y qué pasa con los partidos emergentes, con Podemos y Ciudadanos? Pues que tampoco se libran de las críticas de la magistrada, que les reprocha que no hayan llevado a cabo los compromisos que adquirieron. Como Ciudadanos, que afirmó que no iba a comprometer su voto con partidos con imputados y no lo está cumpliendo. En Andalucía está ocurriendo con C’s, que respalda los presupuestos de Susana Díaz.

    Alaya sigue siendo la juez que puso contra las cuerdas al sistema político y que no se arredró ante los furibundos ataques que sufrió y sufre. Quizás esté más relajada -una conversación como ésta con un periodista era impensable hace no ya unos años, sino hace sólo unos meses-, pero el mensaje es el mismo y la convicción, idéntica.

Y actualmente se está produciendo otro fenómeno: los pactos políticos. Un fenómeno que hace meses podíamos recibir con cierta alegría cuando abordábamos las primeras elecciones [las de 2015], por lo que podía redundar en beneficio de todas las instituciones. Pero, sin embargo, el resultado ha sido un pacto de no agresión. (…) Es decir, tú te quedas aquí, yo no hago sangre con tus temas y tú me vas a permitir que yo esté en este otro sitio y no nos vamos a agredir mutuamente, porque a nosotros nos interesa mantener calladas nuestras cosas, nuestros abusos, nuestros errores. En definitiva, un intercambio de cromos, ni más ni menos lo que vemos cada día que se está produciendo…

   En la conferencia de Granada Alaya defendió el papel de la acusación popular y ésa, enfatiza, es la gran esperanza, casi la única esperanza que encuentra para que los delitos de corrupción y los que amenazan los intereses públicos en general no queden impunes.

La Constitución dice que la justicia emana del pueblo y no hay mayor representación de este mandato que el ejercicio de la acusación popular. (…) En este tipo de casos donde no hay más acusación que la pública y lo que se debate es un caso de corrupción o que le interesa al poder político, la justicia no es igual para todos; hay una justicia para los poderosos y otra justicia para los que no lo son. Esto desgraciadamente lo vemos los jueces todos los días: vemos cómo los escritos de acusación se modifican en función de las personas. En estos casos, no en los delitos comunes. Cuando se trata de estos delitos se la cogen mucho con papel de fumar y tienen muy en cuenta a quién se le imputa…

    «La acción popular es imprescindible, hay que pasar a la acción», reitera en su encuentro con Crónica la magistrada, que confía aún en que el asociacionismo ciudadano, eso que algunos llaman la sociedad civil, dé un paso adelante para defender los intereses generales «hasta el final». Para ello, argumenta, no hay que esperar a ninguna reforma.

   No se puede confiar, insiste Alaya, en la Fiscalía, a la que tilda de «floja» en su labor cuando se trata de corrupción, y basándose en los «muchos años» que acumula como juez instructora. «Dándole el control a la Fiscalía se corre un riesgo enorme», apostilla.

Los principios que conforman el ministerio fiscal y el nombramiento del fiscal general del Estado son un auténtico problema. Un problema para la independencia judicial el hecho de que se conforme el ministerio bajo el principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica: ahí no hay el menor atisbo de posibilidad de actuación al margen del que está por encima. Al fiscal general del Estado, de acuerdo con la Constitución, lo nombra el Gobierno y esto, cuando están en juego delitos contra la Administración, supone entrar de lleno en los intereses del Estado. En esos procedimientos de corrupción está por un lado el ministerio fiscal, que representa los intereses del Estado y al que no le va a interesar en determinados momentos que se investigue hasta cierto punto o que se investigue a determinadas personas. Lo mismo puede ocurrir donde haya un cierto círculo de poder, no sólo en corrupción política. En estos casos nos encontramos solos ante el peligro. La única solución, y es mi principal objetivo, es que estos procedimientos se mantengan gracias a las acusaciones populares. ¿Cómo es posible que un fiscal que puede tener interés en un asunto siga ejerciendo la acusación pública por el hecho de que el ministerio fiscal es uno?

   Queda claro que para la magistrada el ministerio público es lo mismo que decir poder político y lo razona señalando la «dependencia jerárquica» en la Fiscalía, donde sus miembros están sometidos a «las órdenes de arriba» y «no se plantean discutir».

alaya1Del caso de los ERE de Andalucía, ha dicho que aunque tiene «la mejor» de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera «una incertidumbre fea» la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz.

    La política, lamenta, está metida en la Justicia de lleno. Hubo un tiempo, cuenta sentada en el mismo banco y tras media hora de conversación, en el que la política ventilaba sus asuntos en los juzgados. Ya era grave, pero lo de ahora es peor, porque, asevera, la Justicia está totalmente politizada y «se trata de interferir en las decisiones judiciales».

Yo soy una persona muy pasional en todo lo que hago. (…) El ataque a la independencia judicial es un tema totalmente actual. Yo aprobé las oposiciones con 24 años y por aquel entonces lo único que percibíamos los jueces era que efectivamente las luchas políticas trataban de llevarse al terreno del mundo judicial; no había esa interferencia del poder ejecutivo que lamentablemente desde hace unos años y en la actualidad venimos viendo en una progresión absolutamente proporcional a los casos de corrupción política. Es decir, a medida que aumentan los casos de corrupción política, aumenta cada vez más la injerencia del poder político.

     A modo de veredicto, suelta un mensaje de optimismo. «Tenemos en nuestras manos la posibilidad de que no queden impunes tantos fondos públicos que se han ido por la alcantarilla», sentencia la juez más famosa de España. Y tras 40 minutos de conversación franca, se levanta del banco, alaya2estrecha la mano al periodista y vuelve al trabajo, a sus sentencias, a su mesa atestada de papeles, a su vida. La juez Alaya en estado puro.

“Es juez y no una juez cualquiera. Eso le ha costado críticas muy duras, ataques personales que, no obstante, se ha tomado con naturalidad. Porque, explican en su entorno, asume que las críticas van con el sueldo. Al menos, las críticas externas, porque las internas, ésas sí, le han dolido, especialmente las de aquellos órganos que, en su opinión, debían velar por la independencia judicial y no lo hicieron. No se arrepiente de nada de lo que ha hecho y tampoco de lo que no ha hecho porque, asegura a quienes la tratan, ha llegado hasta donde ha podido. Alaya después de Alaya sigue siendo Alaya. Hay juez para rato”.

Sus conclusiones respecto a la fiscalía:

En referencia a los ERE «no se puede utilizar a los fiscales como lacayos» «no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”  “dado que el Gobierno elige al fiscal general del Estado, y éste a los de Anticorrupción, el Gobierno está presente en todos los casos de corrupción».

 “los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción«.  “Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado» «Podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno».

(Fuentes: ABC,  Libertad Digital, El Mundo, El Confidencial, El Español…)

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