LA IMPUNIDAD NO RECONCILIA

¿Por qué lo llaman reconciliación cuando es impunidad?

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Las víctimas del franquismo han sido hasta ahora corregidas. Se les ha transmitido que su existencia entorpece la concordia y la reconciliación. Han tenido que convivir con sus violadores y con los asesinos de sus seres queridos sin que estos hayan sido señalados

Ahora que la Ley de Amnistía está en el centro del debate sobre la Memoria Democrática conviene recordar que los artículos 2e y 2f de dicha ley no fueron reivindicación en las calles ni demanda principal de la izquierda española. Lo que se pedía en las manifestaciones en 1977 era amnistía para los presos políticos, no para los crímenes del franquismo, y así lo expusieron en sus propuestas PSOE, PCE y las Minorías Vasca y Catalana en julio y septiembre de 1977, documentos a los que se puede acceder en el archivo del Congreso de los Diputados. Fue UCD el partido que introdujo posteriormente esas dos cláusulas que aseguraban amnistía para los crímenes de la dictadura.

La correlación de fuerzas estaba marcada por el miedo a la reacción de la derecha, con partidos que habían sufrido años de clandestinidad. Lo explica bien en su libro Políticas de memoria y memorias de la política la catedrática Paloma Aguilar. Es en ese contexto favorable a un pacto de silencio en el que se introdujeron esas dos cláusulas de UCD. No hubo apenas debate sobre esos dos puntos mencionados, ni social ni mediático, porque no fueron incorporados hasta el 2 de octubre. La ley fue promulgada el día 15 de ese mismo mes, con el apoyo de PSOE, PCE, Minorías Vasca y Catalana y Grupo Mixto, que la defendieron públicamente en el hemiciclo. Los artículos 2e y 2f no fueron un clamor, sino un sapo oculto de última hora que ni siquiera dio tiempo a digerir como tal.

Exhumaciones en una fosa común

La Ley de Amnistía se hizo como se pudo en aquel momento, pero quedó la deuda con las víctimas del franquismo. El tiempo ha transcurrido, España se integró en la Unión Europea, el país ha evolucionado, hubo legislaturas en las que se podría haber hecho más y todo ello nos obliga a repasar códigos para avanzar hacia los estándares internacionales de derechos humanos. Como señalaba esta semana el relator de Naciones Unidas, “ahora la forma de resolver es diferente y no se pueden mirar las cosas como se miraban hace 45 años, porque eso sí es quedarse en el pasado”.

A lo largo de los años diversos mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que los crímenes de lesa humanidad franquistas no prescriben y que las amnistías son incompatibles con el derecho internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España. La propia sociedad civil española, a través de la generación de las nietas y nietos, se pregunta por qué se sabe tan poco del pasado reciente de nuestro país, por qué hay tantas víctimas en las fosas aún sin que el Estado haya actuado, por qué los jueces siguen sin personarse cuando aparecen cadáveres con signos inequívocos de violencia, por qué la justicia que se aplica a otras víctimas no se busca para las del franquismo.

Una parte importante de nuestra sociedad no está representada ni en esas instituciones que aún defienden un candado perpetuo ni en los diarios que se indignan ante los derechos humanos. Está a pie de las fosas, está recorriendo pueblos, rompiendo miedos y silencios, construyendo puentes para la conversación colectiva. Está en las asociaciones de memoria que rescatan lo que somos. Está en los colectivos que se han querellado contra los asesinatos de la dictadura y han presentado pruebas de los crímenes de lesa humanidad. Está visitando organismos de derechos humanos en Ginebra y viajando a Argentina para dar el testimonio y recibir la escucha que los tribunales españoles nos niegan.

Por eso resulta llamativo que el Gobierno retrase la Ley de Memoria, de la que hace más de un año decía que no había que posponer ni un minuto más. Es sorprendente también que ante las demandas para que España cumpla con el derecho internacional surjan voces que interpretan esta necesidad social como un cuestionamiento a nuestros abuelos o una amenaza a la concordia. Las reconciliaciones deben gestionarse a través de herramientas democráticas, no minimizando el dolor de quienes han sufrido crímenes sin reparación alguna. Reconciliación no es sinónimo de perpetuación de la impunidad y sin embargo hay quienes se empeñan en defender esta última como si nuestra democracia dependiera de ella.

Ni la justicia ni el conocimiento de la verdad impulsado por el Estado estropean una democracia. Al contrario, la consolidan. Son la forma más civilizada de reparar un crimen, representan el lado opuesto de la venganza. Los derechos humanos están por encima de los partidismos, fortalecen el músculo democrático, previenen el negacionismo histórico y evitan la deshumanización de las víctimas. Por el contrario, la prolongación de la impunidad en el tiempo supone un daño añadido.

Desde 2002 solo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado en nuestro país más de ochenta demandas contra crímenes del franquismo. Todas han sido rechazadas por la justicia española. La mayoría de los jueces ni se personan en las fosas. Como ha lamentado Amnistía Internacional, España ni investiga ni permite investigar estos crímenes de lesa humanidad. Las víctimas del golpismo y la dictadura han sido hasta ahora corregidas. Se les ha pedido silencio y sumisión. Se les ha transmitido que su existencia entorpece la concordia y la reconciliación. Han tenido que convivir con sus torturadores, con sus violadores y con los asesinos de sus seres queridos sin que estos hayan sido señalados, juzgados o reprendidos socialmente. De hecho a menudo han sido ellas, las víctimas, las estigmatizadas por reivindicar la verdad. ¿Cuánta salud democrática hay en ello?

Si la extrema derecha avanza y sus valores se afianzan, no llamarán la atención los argumentos que siguen ignorando a las víctimas del franquismo. Pero si por el contrario la cultura democrática se consolida, las posiciones expuestas estos días en favor de la amnistía para los verdugos serán percibidas como una anticuada obstinación por obstaculizar la verdad, la justicia y la reparación.

El asunto es sencillo. Como ha indicado el relator de la ONU Fabián Salvioli, defendiendo los derechos de las víctimas del franquismo, “¿qué valores transmite una sociedad cuando el que robó una bicicleta va la cárcel y quien cometió una masacre y violó mujeres no?”.

OLGA RODRÍGUEZ (elDiario.es)

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