ENTRE LA MONUMENTALIDAD Y LA COHERENCIA

NICOLAS GUERRAJuntos de mancomún el señor Iglesias y la señora Montero decidieron someter a las bases de Podemos su continuidad o no en los cargos políticos (Congreso, partido) tras el desarreto nacional por la compra de un chalé (sobrepasa en 460 000 euros al piso del señor Garzón, coordinador general de IU). 

   Es decir, medio millón de personas podrá resolver sobre un tema personal, pues su adquisición fue privada. Lo cual, por tanto, nada tiene que ver con el partido ni es políticamente cuestionable. Más: si nos ponemos constitucionalistas, es un derecho de todos los españoles: “Los poderes públicos {…] establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho […]”.

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   Solo a ellos dos -estimo- corresponde la decisión final… y no necesariamente a través del plebiscito, cuyo resultado puede impactar todavía más en la ya afectada estructura de Podemos: las especiales características de la vivienda trascendieron a la sociedad en medio de mares arboladas. (Siempre hay otra opción… también personal.)

  La compra, obviamente, ha sido oportunidad no desaprovechada por rivales y enemigos políticos interesados en minar la fundamentación ética del grupo nacido tras los movimientos populares. Porque Podemos -desde sus inicios (2014)- es bandera de purezas, moralidades, justicia social y revolucionaria oposición a las barbaries del más salvaje capitalismo (caso de los fondos buitre, por ejemplo).

   Todo arranca, insisto, no por la natural adquisición de una vivienda, sino por la elección de esa concreta vivienda cuyas características sobrepasan la normalidad general: 260 metros cuadrados en una sola planta; dos mil metros de parcela; piscina y casa de invitados. No obstante, la señora Montero y el señor Iglesias tienen derecho a hacer con su dinero –inmaculadamente puro y controlado por Hacienda- lo que les venga en gana. Otra cosa bien distinta sería la adquisición de un ático de lujo en Marbella con dinero supuestamente parido por alguna trama delictiva. Pero no es el caso.

   Ambos trabajan en la misma empresa, nada tacaña y pagadora sin regateos (86 000 y 76 000 euros anuales, respectivamente). El señor Iglesias, además, percibe 34 000 euros como autónomo por la actividad en una emisora de televisión a pesar de su condición de señoría con mando en plaza. (Por cierto: ¿puede servirse, a la vez, al Estado y a la empresa privada? ¿La dedicación exclusiva al primero es compatible con el trabajo también remunerado en la segunda? El profesor de instituto lo tiene claro: la simultaneidad con un centro privado está terminantemente prohibida. Pero hay más, la idea número 28 de Podemos: “Aplicación estricta del principio de incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo público y cualquier otra actividad remunerada”.)

   Desde el punto de vista de su poder adquisitivo, pues, no hay duda alguna: ambos ciudadanos pueden afrontar sin mayores problemas el pago de las mensualidades (1600 euros) por la hipoteca. Claro lo tiene también el prestamista: en las circunstancias actuales la banca no pone en manos de cualquiera una cantidad tan respetable. Más: ni tan siquiera la mitad del préstamo si no hay muy garantizados avalistas. 

   Así, en el ejercicio de su derecho a adquirir lo que les venga en gana -con razonables y obvias limitaciones- solo envidiosos, resentidos y maledicentes pueden objetar por la compra del chalé. A fin de cuentas ni es pieza única ni la urbanización es morada de embajadores. Además, no se trata del palacete en venta (Avenida Alfonso XIII de Madrid) y cuyo precio (tres millones de euros) tampoco es tan elevado si valoramos las comodidades del recinto fortificado y la paz reinante. Muchísimo menos comparable, en fin, con Darlington Hall, centenaria mansión de lord Darlington con exquisito y riguroso mayordomo, Stevens, narrador en la novela de Kazuo Ishiguro.

   Entonces podríamos plantearnos, estimado lector, algo elemental: si la compra es legal; si el dinero procede de un préstamo hipotecario; si dispondrán de treinta años para pagarlo en cómodos plazos de 800 euros cada uno –no 600- y el trabajo intelectual les proporciona la posibilidad de abonar sin apuros ni desajustes, ¿por qué han sido portada durante estos días de todos los periódicos, debates radiofónicos, televisivos, artículos duramente críticos desde la derecha y la izquierda e, incluso, levantó efervescencias orales por parte de algunos correligionarios? ¿A qué se debe su reacción tan radical y, por tanto, la politización de la compra?

   Las respuestas, claro, dependen de muchas consideraciones y la ubicación de los comentaristas. Por ejemplo, el Partido Popular ha visto la gran oportunidad para arremeter contra ambos y, sobre todo, contra Podemos a pesar de discrepancias y críticas públicas como la del señor alcalde de Cádiz, representante de la corriente anticapitalista, para quien el código ético del partido “No es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios”. Aunque Podemos, como organización, habla con cierta frivolidad de “campaña de acoso y destrucción reputacional”, como si no hubiera una realidad: la escritura del chalé y sus “circunstancias”.

   Denuncian la señora Montero y el señor Iglesias, además, el acoso a la propia intimidad de la pareja. Por lo que a la vivienda se refiere, considero que muchas palabras escritas no afectan a la intimidad… sino a la privacidad, varios grados menos en la escala de lo ‘interior o interno’. Y aquella –según fallos judiciales- es más reducida cuanta más presencia pública tenga el supuesto acosado.

  El tema, pues, no es la compra en sí misma ni la torpe hipérbole de que “los malditos rojos” deben vivir bajo el puente. Tampoco puede plantearse con la diatriba de si la vivienda fue comprada para habitarla o para la especulación. Lo importante es otra cosa: ¿resulta compatible su adquisición con la coherencia política exigible a dos responsables del partido?

   Podemos distingue entre “los de arriba y los de abajo, privilegiados y no privilegiados”. Por tanto, ¿dónde ubicamos a la señora Montero y al señor Iglesias? ¿Acaso ajenos a la cohesión de algo tan básico como los principios? (Con una matización: incoherencia no es corrupción).

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