LA ULTRADERECHA NO CAYÓ DEL CIELO
La ultraderecha no cayó del cielo: siete años de cobardía política y de una justicia a dos velocidades
No creo que esto sea una cuestión de culpabilidades, sino de falta de coraje político. A este gobierno progresista liderado por el PSOE le han faltado arrestos, valentía y determinación para hacer muchas de las cosas que decía que venía a hacer. Han tenido siete años para ello y, sencillamente, no se han atrevido.
Que la ultraderecha y las derechas más autoritarias hayan logrado abrirse camino en una parte importante del electorado no ha ocurrido por generación espontánea. También ha sido posible porque quienes gobernaban les han dejado el campo abierto demasiadas veces, permitiendo que marcaran la agenda política y el debate público.
La democracia tiene que defenderse. No se puede seguir confundiendo la libertad de expresión con dar cobertura y normalidad a discursos y organizaciones que cuestionan los principios más básicos de la convivencia democrática y constitucional. La tolerancia también tiene límites cuando lo que está en juego es la propia democracia.
Y luego están las oportunidades perdidas. Prometieron derogar la llamada Ley Mordaza y ahí sigue. Prometieron depurar responsabilidades por las actuaciones de la llamada «policía patriótica» y muchos de sus protagonistas continúan en sus puestos o se han marchado sin asumir consecuencias. Prometieron regeneración democrática y demasiadas veces se quedaron en los titulares y las ruedas de prensa.
Pero hay un asunto especialmente preocupante del que este país tampoco ha querido hablar con la profundidad necesaria: la creciente desconfianza de una parte de la ciudadanía en la imparcialidad y en los tiempos de la justicia. Porque resulta difícil no percibir agravios comparativos cuando determinados procedimientos avanzan a velocidad de vértigo mientras otros parecen instalarse durante años en un limbo judicial sin fin.
La justicia debe ser igual para todos, no solo en las sentencias, sino también en los tiempos. Y, sin embargo, demasiadas veces da la impresión de que hay causas que ocupan portadas durante meses y se tramitan con una rapidez extraordinaria, mientras otras investigaciones relacionadas con figuras relevantes de la derecha política o económica se eternizan hasta desaparecer del debate público. El caso de Cristóbal Montoro, por citar un ejemplo conocido, ha sido utilizado frecuentemente por quienes denuncian esa aparente doble vara de medir: años de investigación y una sensación ciudadana de lentitud desesperante.
No se trata de cuestionar el Estado de derecho ni la independencia judicial, que son pilares fundamentales de cualquier democracia.
¿ O sí habría que cuestionarlos en función de los hechos?.
Se trata precisamente de exigir que funcionen con los mismos criterios para todos, sin sospechas, sin sesgos y sin la sensación de que la velocidad de la justicia depende del apellido, del cargo o del color político del investigado.
En fin, tantas cosas que pudieron hacerse para frenar esta barranquera político y social que hoy algunos contemplan sorprendidos, como si hubiera caído del cielo. Pues no. Los problemas rara vez aparecen de repente; normalmente se incuban durante años cuando quienes tienen la responsabilidad de actuar prefieren mirar para otro lado.
Y para rematar la faena, tampoco ha ayudado el comportamiento de determinadas instancias judiciales que, a ojos de muchos ciudadanos, han parecido más interesadas en influir en la batalla política que en ejercer con la discreción, neutralidad y papel de contrapoder que les corresponde en un Estado democrático.
Después de siete años, la pregunta no es qué ha hecho crecer a la ultraderecha. La pregunta es qué dejaron de hacer quienes tenían la responsabilidad y la oportunidad de impedir que creciera.
Porque, señoras y señores, cuando uno ve venir la marea y no refuerza el dique, después no puede sorprenderse de que entre el agua.
MIGUEL MONZÓN
