EL ANONIMATO DE LOS JUECES

Prácticamente imposible localizar una imagen del juez José Luis Calama que juzga a Zapatero

Hay algo profundamente enternecedor en la justicia española: usted puede despertarse una mañana, abrir el periódico, verse convertido en “el monstruo nacional”, desfilar por tertulias, memes, titulares y linchamientos digitales… mientras el juez que ha puesto en marcha toda la maquinaria sigue siendo más difícil de encontrar que un taxi libre en Santa Catalina un sábado de carnaval.

Maravilloso equilibrio democrático, señoras/señores.

Porque claro, al investigado, sobre todo si es famoso, político, empresario o personaje público, se le fotografía hasta el lunar del tobillo. Se analiza su cara, su gesto, la marca del reloj, si salió despeinado del coche oficial y hasta si pidió cortado o un leche y leche antes de entrar al juzgado. Todo eso, por supuesto, mientras sigue siendo “presuntamente inocente”.

Y, la presunción de inocencia. Esa joyita constitucional que en España dura exactamente siete minutos y medio desde que sale la filtración a prensa.

Pero el juez no. El juez permanece flotando en una especie de niebla mística institucional. Nombre sí. Cara no. El ciudadano queda expuesto como una sardina en el mostrador de la pescadería y el juzgador escondido detrás de un biombo jurídico como si fuera un agente secreto.

Y aquí es donde aparece la gran incoherencia.

Porque si de verdad creemos en la igualdad ante la ley, resulta bastante curioso que uno de los protagonistas del proceso sea sometido a exhibición pública total mientras el otro conserve un anonimato casi monacal. Sobre todo cuando los dos, ojo al detalle, están protegidos por el mismo principio: la presunción de inocencia.

Sí, también el juez.

Porque aunque parezca pecado decirlo en voz alta, un juez también puede equivocarse. Puede instruir mal. Puede dejarse llevar por presiones mediáticas. Puede interpretar sesgadamente. Puede archivar tarde, filtrar demasiado o destrozar reputaciones irreparables aunque después no exista condena alguna.

Pero mientras al investigado le ponen foco, zoom y dron, al instructor parece que hubiera que protegerlo como si fuera el último lagarto gigante de Gran Canaria.

Y no se trata de pedir linchamientos ni convertir magistrados en celebridades de TikTok. Se trata de coherencia democrática. De equilibrio mínimo. Porque cuando un juez adquiere un poder capaz de triturar públicamente la reputación de una persona antes de la sentencia, resulta difícil justificar que él permanezca prácticamente invisible para la sociedad.

Aquí hay un agravio comparativo de manual.

Uno carga con la exposición, la sospecha social, las portadas y el daño irreversible. El otro conserva toga, anonimato y silencio institucional. Uno tiene rostro. El otro, apenas iniciales emocionales y una firma al pie del auto.

Y después nos preguntamos por qué la gente DESCONFÍA DE LA JUSTICIA.

HOMBRE, NORMAL.

Porque desde fuera parece que en este país la transparencia funciona como las sombrillas en la playa: sombra pa’ unos y solajera pa’ los demás.

MIGUEL MONZÓN