POLÍTICOS CHUPASANGRE
El entramado político en las Islas Canarias se ha convertido en una de las maquinarias públicas más costosas del Estado español, devorando una estimación global de entre 45 y 50 millones de euros de dinero público al año si se suman los sueldos y prebendas de sus cuatro niveles de administración:
Ayuntamientos, Cabildos, Parlamento y Gobierno Autonómico. Esta enorme factura no se limita a las nóminas oficiales, sino que se infla mediante un complejo sistema de dietas exentas de impuestos, pluses ocultos por ley, asesores elegidos a dedo y duplicidades institucionales que garantizan que prácticamente nadie en la esfera política se quede sin una parte del presupuesto.
En la cúspide de este gasto se sitúa el Parlamento de Canarias, donde sus 70 diputados disfrutan de un blindaje económico superior al de los diputados del Congreso en Madrid. Un parlamentario canario percibe un sueldo base de 4.054 euros brutos al mes en 14 pagas, una cifra que se eleva con pluses de hasta 1.466,50 euros mensuales para portavoces o miembros de la Mesa.
El verdadero escándalo radica en el negocio de las dietas, donde los diputados procedentes de islas no capitalinas se embolsan más de 2.000 euros al mes limpios de impuestos bajo el concepto de indemnización por alojamiento y manutención, independientemente de si realizan ese gasto real o no. La opacidad impera en la Cámara, que tras recibir fuertes críticas optó por camuflar estos pagos nominativos en bloques globales dentro de los presupuestos institucionales.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico mantiene un ritmo de gasto en desplazamientos que exprime los fondos públicos. Los consejeros, viceconsejeros y directores generales han llegado a registrar desembolsos de 3,7 millones de euros en dietas y viajes en apenas dos años de legislatura, con carteras como Turismo u Obras Públicas liderando este consumo en ferias y eventos oficiales.
Mientras tanto, en el ámbito local, los 88 municipios y los 7 cabildos insulares replican esta estructura de minigobiernos a gran escala. El alcalde de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) encabeza el ranquin salarial con una retribución oficial de 91.172 euros brutos al año, situándose entre los regidores mejor pagados de España, seguido de cerca por alcaldes de zonas turísticas como San Bartolomé de Tirajana o capitales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, cuyos ingresos oscilan entre los 75.000 y 85.000 euros anuales.A este escenario se suma el ejército del personal eventual o asesores colocados de forma directa sin oposiciones. Solo los cabildos de Tenerife y Gran Canaria consumen millones de euros anuales en personal de confianza.
Para evitar la confrontación, se ha estandarizado una especie de pactismo del silencio: los equipos de gobierno reparten estratégicamente parte de estos asesores y sueldos fijos de dedicación parcial o completa entre las filas de la oposición, neutralizando la verdadera labor de fiscalización.La indignación social se agrava con las herramientas legales utilizadas para inflar los ingresos en la sombra. Un ejemplo es el mecanismo de igualación salarial aplicable a determinados altos cargos del Gobierno de Canarias; si un funcionario estatal pasa a la política autonómica y ganaba más en su puesto anterior, la ley canaria le complementa el sueldo público de forma opaca para que no pierda poder adquisitivo.
Además, existe la figura de la doble dieta: aunque la ley prohíbe percibir dos sueldos públicos completos a la vez, permite a un político cobrar el salario de una administración (como el Parlamento) y sumar miles de euros en sobres completamente legales mediante el cobro de dietas por asistencia a plenos y comisiones en otra institución (como un Cabildo o Ayuntamiento). Por último, los privilegios se extienden hasta el momento del retiro, manteniendo acuerdos históricos que garantizan premios en metálico de 10.228 euros por jubilación a altos funcionarios de la Cámara, consolidando un ecosistema donde el dinero de los contribuyentes financia un confort institucional totalmente desconectado de la realidad económica de los ciudadanos canarios.
Pueblos de 1.000 a 5.000 habitantes: Tienen un límite legal de 46.464 euros brutos al año por alcalde. Pueblos canarios muy pequeños con presupuestos reducidos tienen alcaldes cobrando prácticamente esta cantidad completa. Pueblos de 5.001 a 10.000 habitantes: El tope sube hasta los 52.272 euros brutos al año. En las islas, alcaldes de municipios pequeños como Haría (en Lanzarote) o La Oliva (en Fuerteventura) se mueven en sueldos oficiales de entre 51.000 y 52.800 euros anuales, cobrando casi lo mismo que gestores de ciudades mucho mayores en la península.
Mientras los pilares esenciales de España caen en picado, la clase política blinda sus privilegios. La sanidad pública colapsa con listas de espera históricas, la ciencia y la medicina sufren una precariedad que expulsa el talento, y la agricultura y el transporte languidecen sin inversiones reales. Paralelamente, el patrimonio natural se desmorona: los bosques mueren pasto del abandono y la fauna queda reducida a un mero decorado por la falta de políticas de conservación.La ironía de este derroche institucional se refleja en el plano internacional, donde los datos oficiales confirman que España ha perdido dos puestos en el ranking mundial de PIB, superada por México y Australia. Mientras el país retrocede en riqueza global y los servicios básicos se desmantelan, la maquinaria de ayuntamientos, cabildos y parlamentos autonómicos prefiere exprimir el presupuesto en sueldos máximos, dietas y asesores a dedo, priorizando el confort de sus partidos a la supervivencia del propio territorio.
JOSÉ PAULINO
