EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA O LA INEXISTENCIA DE REBELIÓN

lorenzo olarteTras la proclamación del Parlament de la independencia de Cataluña, el ministerio fiscal lanzó a los cuatro vientos su decisión de interponer ante el  Tribunal Supremo una querella criminal por el delito de rebelión contra el Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno, así como contra la Presidenta del Parlament y de la Mesa del mismo.

En mi opinión la apresurada información dada por el ministerio fiscal ha constituido una grave imprudencia, que podemos calificar de temeraria, habida cuenta que en puridad y hasta lo sabe un estudiante de 1º de Derecho Penal – no se ha producido comisión de tal delito, anuncio, que sin embargo, como es obvio, ha llevado a la ciudadanía española a creer erróneamente en la comisión del mismo en virtud de  tal información, que no sabemos si se ha producido con la aquiescencia del Fiscal General del Estado, por su encargo o sin su conformidad.

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Una cosa es que Carles Puigdemont carezca de las condiciones intelectuales mínimas para ostentar el cargo tan importante como el de una Comunidad Autónoma que va venido ostentando durante los últimos años, y otra, muy distinta, es que el antiguo alcalde de Girona, cuyo cargo jamás debió dejar por venirle ancho cualquier otro superior, no haya recabado los informes jurídicos de un asesor de su plena confianza para poder avanzar tranquilamente en el procés, para tener la seguridad de no dar un solo paso hacia el abismo penal de la rebelión, de la cual supo guardarse muy bien en tanto en cuanto no solo jamás se usó la violencia sino, que por el contrario, siempre aconsejó y solicitó el diálogo.

De suerte que tras el imprudente anuncio del ministerio público, una vez el Tribunal Supremo o el órgano jurisdiccional competente, que puede ser incluso el Tribunal Constitucional, declare la inexistencia del delito expresado, millones de ciudadanos que aguardan ahora la imposición de las fuertes penas señaladas para los autores del delito de rebelión en nuestro Código punitivo, se verán frustrados una vez más, imputando en esta caso erróneamente a la Administración de Justicia una debilidad que no existe, dada la ausencia del tipo delictivo. ¿Cómo es que si se cría en el delito desde el propio gobierno español o desde los partidos constitucionalistas se ha invitado al President a comparecer en las próximas elecciones? ¿Por qué tras la multitudinaria proclamación de independencia no se arrió del Palacio de la Generalitat la bandera española? ¿Qué conversaciones ha mantenido y en qué términos el dimisionario Conseller de Empresa Santi Vila, antes de anunciar su dimisión, en previsibles negociaciones con su amiga del alma del Congreso de los Diputados Ana Pastor? ¿Qué  conversaciones ocultas pueden haberse producido aunque sea a través de intermediarios de ambas partes entre el gobierno español y el autonómico? Es posible que algún día podamos venir en conocimiento de todo ello. Pero hoy por hoy no nos queda otro remedio, en vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos, que dudar sobre la ortodoxia  de las conversaciones inequívocamente mantenidas entre ambas partes.

Mi viejo y gran amigo Diego López Garrido, letrado de las Cortes Españolas cuando tuvo lugar la tramitación del Proyecto Ley para la Reforma Política, de la que tuve el alto honor de ser ponente, y más tarde diputado en la Cámara baja por Izquierda Unida, fue, como yo, también ponente en el Código Penal de 1995 y autor de la incorporación de una enmienda clave, en virtud de la cual se evitó el castigo de las acciones independentistas si no se producía mediante el uso de la violencia, enmienda que salió adelante en el que se denominaría Nuevo Código Penal de la Democracia, en virtud del acuerdo entre el Psoe, que estaba en el gobierno, IU y los nacionalista vascos y catalanes, quedando más que claro desde entonces, que el tipo penal de la rebelión, tan solo tiene lugar “cuando el autor del delito se alza pública y violenta”, de suerte que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada en el Parlamente no encaja de ninguna manera en el delito 472 de rebelión ya que este no consiste  solamente en declarar la independencia de una parte del territorio de España, sino que es preciso que los autores de dicho delito se hayan alzado pública y violentamente para la consecución de cualquiera de los fines contemplados en aquel precepto, uno de ellos la independencia.viñeta7

Por otra parte quiero destacar, ya que escribo estas líneas especialmente para los profanos en Derecho, que el Código Penal para castigar un acto como delictivo requiere rigurosamente que la conducta supuestamente punible se ajuste al tipo legal, según se describe en el precepto de que se trate, lo que no puede aplicarse ni interpretarse de forma extensiva, por cuya razón en el desafío independentista de que tratamos tampoco estaríamos en presencia de un delito de sedición, sino a lo sumo, ante la comisión, en su caso, de delitos de prevaricación, malversación y desobediencia, que no llevan aparejada prisión alguna sino inhabilitación, de igual forma que Puigdemont puede incurrir en un delito de usurpación de funciones si se resiste a su cese o “ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial”, penándose esta conducta, si se produce, entre uno y tres años de cárcel.

Lorenzo Olarte Cullen

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