Domingo, Marzo 24, 2019
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PUERTAS A LA PLAYA

El PALBERTO ARTILESarlamento de Canarias ha reabierto el debate con la Ley de Renovación y Modernización Turística, mediante la que se pretende regular el alquiler vacacional. Antes de su votación definitiva, impulsada por todos los grupos menos el PP, ha sido elevada al Consejo Consultivo, que deberá asegurarse de que se adecua a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias.

No les ha bastado (y parece no darse por aludidos) que el Tribunal Supremo anulase la decisión del Gobierno canario de prohibir las viviendas de alquiler vacacional en las zonas turísticas, al estimar que esa limitación contraviene «la libertad de empresa y solo busca favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales». Estómagos agradecidos.

alquilervacacional

Sin embargo, no es la primera vez que se intenta poner puertas a la playa para regocijo del lobby hotelero, que no está dispuesto a repartir la tarta turística con los pequeños propietarios de bungalows y apartamentos, la mayoría abandonados hace más de una década en un estado ruinoso y que ahora quieren recuperar a la fuerza.

«No les ha bastado que el Tribunal Supremo anulase la decisión de prohibir las viviendas vacacionales...»

Como en otra ocasión apunté, cuando los hoteleros, como los políticos como cómplices, denunciaron y apuntaron a las plataformas de alquiler vacacional o a los pequeños propietarios como los causantes de todos sus males, incluso de la precariedad laboral de las kellys, muchos comenzamos a sospechar que las instituciones públicas se pondrían de nuevo a sus pies e intentarían cercenar el derecho a la propiedad con diferentes tretas o sanciones desproporcionadas. Y ha vuelto a suceder, justo antes de las elecciones, cuando hay que adular al empresario y buscar culpables para justificar el desgaste de la gallina de los huevos de oro.

El turismo sigue siendo la principal fuente de riqueza de Canarias, una dependencia que ejemplifica la incapacidad de gestión para diversificar la creación de empleo y la escasa influencia de otros sectores. Pero, a pesar de las cifras de 2018, los augurios son malos y los beneficios a repartir se reducirán por la competencia de las viviendas vacacionales.

El mantra del turismo sostenible, la protección de los precios del alquiler y la competencia desleal a la industria turística, centran el argumentario interesado en el que se amparan gobiernos, cabildos y ayuntamientos, alentados por terratenientes o conglomerados hoteleros. Turistas, según los interesados, que son engañados y a los que se no se les ofrece un servicio de calidad en estas viviendas... Como si estos turistas fueran tontos y no supieran de antemano lo que contratan en origen.

En el fondo subyace el interés monopolístico de los empresarios de explotar también las viviendas vacacionales. Y tras ellos, la complicidad de los políticos que, aún vulnerando el artículo 33 de la Constitución española, no defienden el bien común sino los intereses de unos pocos.

ALBERTO ARTILES CASTELLANO

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